Cabo Verde ratifica que la extradición depende de un tribunal

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La ministra de Justicia y Trabajo de Cabo Verde, Janine Lelis, reiteró que su gobierno nunca se inmiscuirá en la decisión judicial en el caso de Alex Saab, un empresario colombiano al servicio del gobierno en disputa de Venezuela que fue detenido en el país.

Cabo Verde tiene el deber de cooperar – afirmó Lelis-, al ser cuestionada por periodistas en la ciudad de Ribeira Grande de Santiago, sobre la decisión de si su ministerio autorizará el proceso judicial.

Estados Unidos, que fue quien motivó su arresto vía Interpol, solicitó la extradición de Saab, mientras que el madurismo de Venezuela exige su puesta en libertad.

-Este deber de cooperación -dijo la ministra- es más fuerte cuando se trata de asuntos ligados con crímenes relacionados al tráfico de droga y lavado de dinero.

Recordó que el gobierno respondió a una solicitud por colaboración internacional y de allí el proceso siguió su procedimiento judicial.

Explicó que el ejecutivo validó y apoyó una opinión anterior de la Fiscalía que establece que, en tales situaciones se informa al Gobierno si se cumplen las condiciones exigidas por la Constitución, si se cumplen los requisitos y, en función de ello, se emite un dictamen.

-Más allá de eso -argumentó- no puedo decir, porque no conozco los detalles de los trámites del proceso judicial. Cabo Verde es un Estado de derecho y corresponde a los tribunales decidir en función de las pruebas y las leyes.

-Esa -recalcó- es la confianza que tenemos. Lo que decida el tribunal será el fallo final sobre el asunto.

Alex Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla de Sal, mientras iba camino a Irán en una misión al servicio del gobierno en disputa de Venezuela, que le considera un “enviado especial”.

Fue llevado a San Vicente, donde el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, la segunda instancia, validó el arresto e inició el proceso judicial.

EE.UU. reclama la autoridad para enjuiciar a Saab. Alega que él y su socio Enrique Pulido usaron bancos estadounidense para depositar unos 350 millones de dólare defraudados a través del sistema de control cambiario de Venezuela.

Redacción/Edición: PabVen/ Con información y foto de VOA

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