La Corte Interamericana de Derechos Humanos decaró al régimen madurista responsable intencional por la violación de los derechos humanos de 34 presos, entre ellos siete fallecidos, durante la llamada masacre de la cárcel de Vista Hermosa.

La operación fue ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar.

La Corte declaró la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Estableció que las muertes ocasionadas durante el operativo fueron consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, lo que condujo a privaciones arbitrarias de la vida.

El Tribunal concluyó que el uso de la fuerza letal empleada no era estrictamente necesaria, en atención al propio comportamiento de los internos, lo que constituyó una violación del derecho a la integridad personal.

Concluyó que en la investigación efectuada, el Estado faltó a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas.

La Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura.

El régimen reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso, al señalar que las muertes “perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”. El Estado también

Reconoció que como resultado del operativo realizado por la Guardia Nacional se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad, y se comprometió a cumplir con las reparaciones que ordenara la Corte en su Sentencia.

El Tribunal encontró que los familiares de las personas fallecidas resultaron afectados por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos. Ordenó diversas medidas de reparación al Estado.

Redacción/Edición: PabVen/ Con información y Foto: Agencias