Bajo el lema «ordenar la casa», el Gobierno de Chile promulgó este domingo 11 de abril la nueva Ley de Migración que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido un aluvión de críticas de la oposición y de organizaciones pro migrantes por imponer una mayor «rigidez» fronteriza y agilizar las deportaciones.
En su defensa, el conservador Sebastián Piñera subrayó que el objetivo es poner orden la casa a través una política ordenada, segura y regular que permita la inmigración legal y combata la ilegal
La nueva ley que introdujo Piñera al Parlamento en 2013 facilita las deportaciones y exige un visado en el país de origen, con el fin de evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
En enero un grupo de diputados de la oposición izquierdista presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento que consideraba inconstitucionales varios artículos que el Ejecutivo consideraba «claves».
Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, aseguró que la ley aprobada supone un cierre de posibilidades para los trabajadores migrantes y va en contra de los avances de los acuerdos bilaterales en la región.
El oficialismo considera que la nueva regulación es la vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, mientras que la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
La nueva regulación sustituye a la actual, una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el régimen militar buscaba restringir la entrada de migrantes.
El imán migratorio chileno
Pese a la pandemia de la covid-19 y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
La promulgación de la ley se produce en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de un millar de inmigrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria de la covid-19 crearon un clima de máxima tensión en la región, que empeoró con el fallecimiento de cinco extranjeros, entre ellos varios venezolanos.
El Gobierno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Redacción/Edición: PabVen/ Con información: EFE/ Foto: El Nacional
