La Organización de Estados Americanos calificó la muerte del preso político indígena Salvador Franco como “otro crimen de la dictadura”, un nuevo delito de lesa humanidad que se suma a la pesada carga que arrastra el régimen.

El dirigente de la etnia pemón, encarcelado por el chavismo en 2019, murió por falta de atención médica en una mazmorra del régimen madurista.

La ONG Foro penal, que documenta las violaciones a los derechos humanos de los encarcelados por razonas políticas, confirmó que el dirigente falleció en la enfermería del Internado Judicial El Rodeo a las ocho de la mañana del domingo.

Franco, detenido a finales de 2019 por su presunta implicación en el asalto a un cuartel militar en el sur del país, era considerado por la oposición como un “preso político” del régimen de Nicolás Maduro.

El Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, relató que los problemas de salud de Franco estaban documentados. Un juez con competencia en terrorismo ordenó a finales de noviembre pasado que fuera trasladado a un hospital para atender su salud, pero no lo hicieron.

Un informe médico de la prisión le diagnosticó anemia, bajo conteo de plaquetas y considerable pérdida de peso, que Ortiz atribuyó a una posible “desnutrición”.

Ortiz afirmó que Franco presentaba “síntomas” de covid-19 y sufrió durante meses de enfermedades gastrointestinales relacionadas con la insalubridad del recinto penitenciario.

Franco fue apresado en diciembre de 2019, tras ser acusado de participar en el asalto a un cuartel militar en el sureño estado de Bolívar ocurrido el día 22 de ese año. Por el asalto fueron imputadas 18 personas, entre ellos 13 pemones y cinco militares.

Guaidó condenó el hecho y lo calificó como “…un asesinato de la dictadura”.

Recordó que la persecución, el secuestro, la tortura y hasta el asesinato político conforman un patrón del régimen que les convierte en criminales de lesa humanidad.

Redacción/Edición: PabVen/ Con información: EFE/Foto: Tenemos Noticias