EE.UU lanzó una tentadora oferta de 25 millones de dólares para quienes ayuden a capturar al dúo conformado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Según el anuncio, Maduro fue tasado en 15 millones de dólares, 5 millones por encima del valor de Diosdado Cabello. De capturarlo, la justicia norteamericana encerraría al disputado mandatario por unos 50 años.
En paralelo, la justicia colombiana le imputa al gobernante la presunta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bajo la acusación de narcoterrorismo, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero.
Entre los más buscados, la justicia de EE.UU., se cita al vicepresidente económico, Tareck El Aissami; al general retirado Hugo Carvajal y al exjefe militar Cliver Alcalá Cordones, con un paquete global de 10 millones de dólares.
Más que la abultada compensación por la entrega de la punta de la prámide madurista, es notoria la alusión directa y oficial al Cartel de Los Soles, organización que la justicia norteamericana había tratado con cautela.
La cola de los más buscados
A los acusados les persiguen por inundar al territorio estadounidense de droga, específicamente cocaína.
Para el Fiscal General William Barr, el espacio aéreo de Venezuela se utiliza como canal de transporte de narcóticos desde ese país hacia Centroamérica, con Estados Unidos como destino final.
En la lista de señalados también se encuentran Nestor Reverol, ministro de Interior Justicia y Paz; Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía; Edylberto Molina, viceministro del Sistema Integrado de la Policía; Rafael Villasana Fernández oficial en retiro de la GNB; Vassily Villarroel oficial en retiro de la GNB; y Joselit Ramírez, superintendente de criptoactivos.
Se les imputa por narcoterrismo, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero.
Barr también acusó a dos líderes de la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich, negociadores en los diálogos de La Habana
Los cargos por participar en una conspiración narcoterrorista conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
Redacción/Edición: PabVen/Con información: AFP/ Foto: Infobae
