La “tortura china”, frase que resume los milenarios métodos de sometimiento del ser humano a través del dolor, se duplicó en Venezuela en apenas un año.

Según el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), los casos de torturas y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad registrados durante 2019 dieron saltaron más de 50%.

El año pasado se reportaron 574 víctimas de torturas, superando en más del doble las cifras de 2018, cuando se registraron 109 casos.

El documento, basado en denuncias de los familiares de las víctimas y reportes de prensa, señala que el registro de fallecidos por torturas supera las cifras de las últimas tres décadas, lo que convierte al país en un fiel exponente de la más aborrecible de las tradiciones.

El asesinato de 23 personas por causa de las torturas infringidas por agentes de la fuerza pública generan una justificada alarma.

Sostiene el informe que las torturas se aplicaron en las cárceles y comisarías del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura, especialmente los militares.

Se destaca el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió a mediados del año pasado debido a las torturas que recibió, tras ser detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Por el caso, la Fiscalía General imputó a dos militares y le dictó cargos por “homicidio preterintencional concausal”, en medio de críticas de activistas y opositores que exigieron que los implicados fueran procesados por la ley contra la tortura y se les aplicaran sanciones más severas.

Provea subraya los 2.102 asesinados en 2019, de los cuales 1.045 murieron como consecuencia de la “intervención de policías y militares”. El año anterior se reportaron 663 casos de violaciones al derecho a la vida.

La organización humanitaria señala que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional tiene 432 denuncias de casos de asesinatos, seguida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 202 casos, la Guardia Nacional con 86, el Ejército con nueve, la DGCIM con cinco, y las policías estatales y municipales con 243.

En medio del mutis oficialista, Michelle Bachelet advirtió sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y recomendó la eliminación del FAES.

La única respuesta oficial fue acusar a la comisionada de la ONU de mentir sobre la situación de la nación suramericana y de tener una visión parcializada.

La exmandataria chilena está preocupada por el alto número de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad .Documentó 38 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde mayo de 2019 hasta el mismo mes de 2020. El  FAES fue el protagonista en 23  de los casos.

Otra observación establece un patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención.

Para la oposición venezolana la tortura es una práctica común del régimen de Nicolás Maduro. Tan solo en 2019, el número de víctimas se incrementó en más del 526%.

La falta de investigación de las torturas y la ausencia de sanciones fomentan que haya un alto margen de impunidad y la repetición de estas prácticas.

La aberrante herencia

Como heredera de una de las más aberrantes tradiciones, Venezuela registra desde la llegada de Nicolás Maduro una deplorable lista de desprecio por los derechos humanos:

• 72 personas asesinadas por torturas
• 5.232 violaciones a la integridad personal
• 852 víctimas de trato cruel
• 1.033 heridos
• 1.804 allanamientos ilegales
• 810 casos de amenazas y hostigamiento

En paralelo, cerca de 50 expertos independientes de Naciones Unidas insisten en los patrones de represión de las libertades fundamentales en China:

• Impunidad ante el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía
• Presunto uso de químicos contra los manifestantes
• Presunto abuso sexual a mujeres manifestantes en las comisarías de la Policía
•  Supuesto acoso a los trabajadores de la salud.
• Represión de colectivos minorías religiosas y étnicas en Xinjiang y el Tíbet.
• Arresto de abogados
• Persecución de activistas de Derechos Humanos.

Redacción/Edición: PabVen/ Fuentes: AP/Infobae/Sumarium/ Foto: AP