Con la autorización de la extradición del testaferro colombo libanés Álex Saab, el gobierno de Cabo Verde allana el camino para enviarlo a los Estados Unidos, donde será recluido y juzgado por blanqueo de dinero.
.En el fallo privó la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República -PGR-, enviada para su revisión al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en la isla de San Vicente, donde se tomará la decisión final.
La defensa del colombiano Saab tiene plazo hasta el jueves para interponer ante la corte, un recurso contra la decisión del Gobierno. De no prosperar, Saab podría apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La defensa, que se mostró confiada en la liberación inmediata de su cliente, argumenta que el comerciante barranquillero de origen libanés es un ciudadano venezolano, “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, antes de regresar a Venezuela.
El argumento será el núcleo de los procedimientos del ex juez español Baltasar Garzón para defenderlo ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras incorporarse al equipo legal del empresario.
El exjuez Garzón, dedicado al ejercicio privado, liderará un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de La Haya, por la presunta violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab.
Garzón intentará abrir un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen de Saab, con una reclamación que se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Saab cuenta un artillería legal conformada, además de Pinto y Garzón, por el holandés Rutsel Martha, exdirector de asuntos legales de Interpol, y la ucraniana Maryna Pogibko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres.
La defensa orbita en torno de la inviolabilidad de Saab como agente venezolano, pero la realidad objetiva señala que nació en la ciudad colombiana de Barranquilla y tiene origen libanés.
Está relacionado con el Group Grand Limited (GGL), acusado de suministrar al régimen de Maduro alimentos y víveres son sobreprecios para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), del gobierno chavista.
Con los CLAP que se venden a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro supuestamente se lucraron con cientos de millones de dólares.
Washington presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
La detención se produjo después de que el pasado 9 de junio, la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles del “patrimonio ilícito” de Saab. Los bienes tienen un valor de unos 9,7 millones de dólares y están en Barranquilla.
Saab está molesto con su celda en Isla de Sal por el espacio reducido, la compañía de los mosquitos y la comida, que califica como muy distinta a su menú habitual en libertad.
En círculos opositores se ve con cautela el viaje del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson a Caracas para instar al presidente Nicolás Maduro a liberar a varios estadounidenses encarcelados, como un gesto de buena voluntad destinado a aliviar las tensiones con Estados Unidos.
Si Cabo Verde descarta la nueva apelación, Maduro entraría en terreno de la desesperación y podría apelar a sus rehenes como la última carta ante Richardson para impedir una extradición que amenaza su permanencia en el cargo.
Redacción/Edición:PabVen/Fuente y Foto:EFE
